Un juez ha procesado a cuatro militares por la matanza de Nuevo Laredo. Los militares, cuatro cabos de caballería, dispararon supuestamente en 117 ocasiones contra un grupo de muchachos desarmados, en febrero, en la ciudad fronteriza. Cinco murieron, otro resultó gravemente herido y un séptimo salió ileso. Las partes cuentan ahora con dos meses para acumular pruebas antes de presentárselas al juez. La Fiscalía General de la República (FGR), parte acusadora, no ha informado de si investigará la cadena de mando o se quedará en las acusaciones contra la tropa.
La masacre de Nuevo Laredo supone una de las grandes manchas en el actuar policial de las Fuerzas Armadas en México en los últimos años. Los militares atacaron sin que mediase una agresión en su contra. En sus dichos, señalan que escucharon detonaciones de arma de fuego, pero aclaran que los disparos nunca salieron de la camioneta en la que viajaban los muchachos. De hecho, ninguno de los cuatro vehículos militares que participaron en total en el operativo presentaba agujeros de bala. Durante la madrugada, los militares siguieron una camioneta que les resultó sospechosa. La camioneta chocó -no se sabe si porque una castrense les golpeó por detrás o no- y acto seguido, los soldados dispararon.
Lo anterior podría responder a un equívoco que, sin ser justificable, podría entenderse como parte de la guerra de baja intensidad que reina en partes del país. Pero la cosa no acaba ahí. Después de la primera ráfaga, los militares aún dispararon contra uno de los dos supervivientes, cuando este pedía ayuda, malherido, ya fuera de la camioneta, según su relato y el del otro joven, que resultó ileso. El equívoco de los primeros momentos quedaría aquí sin efecto. De ahí los reclamos de las familias de las víctimas, que han criticado que la FGR no miré más allá de los cuatro únicos militares que supuestamente dispararon.
Después de lo ocurrido, parte de la discusión se centró en la vida de los muchachos. En redes sociales, vídeos y fotos señalaban la supuesta adscripción criminal de alguna de las víctimas, justificando de alguna manera el actual de los soldados. Pero más allá de la discusión, lo cierto es que ellos, aquella noche, ni siquiera portaban armas. Como han relatado los dos supervivientes y las familias de los demás, los muchachos salieron de una discoteca y volvían a sus casas. Ademas, el militar a cargo del operativo, el capitán de Caballería Elio N, escribió en el informe que rindió aquel mismo día ante la FGR que, cuando registraron la camioneta de los civiles, no encontraron ningún “ilícito”, esto es, armas, cartucho, drogas…
El caso cataliza mucho enfado en México. El Gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, defendió desde su llegada, en diciembre de 2018, un acercamiento distinto a la problemática de violencia e inseguridad que vive el país. Parte de su discurso en la materia nace de la crítica a las estrategias manejadas por los gobiernos anteriores, primero con Felipe Calderón (2006-2012) y luego, con Enrique Peña Nieto (2012-2018), de confrontación al crimen organizado. “Abrazos, no balazos”, decía en campaña López Obrador.
Las críticas del mandatario a la agresividad del aparato de seguridad en administraciones anteriores se reflejan ahora en el caso Nuevo Laredo. Primero, por la desproporción en la respuesta de los militares, que dispararon en más de 100 ocasiones sin que hubiera agresión previa. Y luego, por la opacidad de las autoridades. La Sedena apenas informó del caso en un comunicado el 28 de febrero. No ha vuelto a hablar sobre el asunto. La FGR no ha informado del caso de manera oficial. López Obrador se ha centrado en despejar cualquier cuestión, amparándose en el argumento de que ellos no son “los mismos”.
